La Justicia comunitaria rechaza que la compensación de los autores por las copias privadas de sus obras se sufrague con cargo a los Presupuestos Generales del Estado Español…

Desde 2012, los autores recibían una compensación mediante el canon digital aprobado por el Partido Popular, con cargo exclusivo a las arcas de dinero público -pero hoy Jueves, el Alto Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que dicho sistema resulta ser incompatible con la normativa comunitaria. De ese modo, no hay una garantía de que sean los usuarios de las copias privadas quienes soporten la compensación en concepto de los derechos de autor.

Como consecuencia de la aplicación de la sentencia comunitaria, el Gobierno (cuando lo haya) tendrá que modificar esta Ley que España aplicó de forma única en la UE. Consciente de que se requería una medida compatible con Europa, la Vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría se ha comprometido para «trabajar a pleno rendimiento [con el fin de encontrar] una solución satisfactoria y cumplidora del Derecho comunitario».

Lejos quedan los tiempos del anterior canon -que se remontan a 1992 con ciertos ajustes para el universo digital en 2006-, el cual aumentaba el precio de soportes ópticos y grabadoras con el fin de ofrecer una compensación a los creadores ante el perjuicio ocasionado, supuestamente, por las copias privadas. Una medida muy criticada e injusta, que culpabilizaba a cualquier comprador de dichos elementos y los penalizaba de antemano. Mariano Rajoy sustituyó dicho canon por un montante previsto en los Presupuestos Generales del Estado, que acabaría en manos de las entidades que gestionan los derechos de autor -es decir, la penalización se extendía entonces al bolsillo de cualquier contribuyente.

En consecuencia, el montante resultaba muy inferior al recaudado por el primer canon, lo que impulsó a entidades como Egeda, Dama y Vegap a recurrir ante el Tribunal Supremo la reforma de la ley en 2013. Sólo en el último año de provisión del anterior canon, en 2011, dichas entidades recibieron 115 millones de euros, un abismal superavit en comparación con las provisiones de cinco millones de euros cada año tras la reforma, con cargo a las arcas públicas.

Tras cuatro años, la Justicia europea ha dictaminado que el arreglo español no garantiza que la compensación equitativa se sufrague por parte de los usuarios de copias privadas. Es una situación que acarrea bochorno a la acción del Ejecutivo español, pues incluye un claro toque de atención -desde fuera- en la dirección de cómo hay que hacer bien las cosas. El problema real, a corto y medio plazo, es que no se sabe muy bien a quien se dirige esta resolución, en un país netamente incapaz de asumir nuevas medidas dada la situación política actual que estamos atravesando.

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